Salario mínimo de $2 millones en Colombia desata ola de críticas de oposición y sectores empresariales

El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23,7% para 2026, alcanzando los $2.000.000 con auxilio de transporte incluido, ha generado una intensa controversia política y económica en Colombia. La decisión unilateral del gobierno, que omitió el proceso de concertación tripartita establecido por ley, ha recibido fuertes cuestionamientos desde diversos sectores.

La oposición política, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María Fernanda Cabal, ha comparado la medida con las políticas implementadas por Hugo Chávez en Venezuela, advirtiendo sobre posibles efectos negativos en la economía colombiana. Cabal afirmó que esta política representa populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza, mientras que Uribe sentenció que Petro busca complacer a los trabajadores pero termina perjudicándolos.

Los gremios empresariales también manifestaron preocupación por el impacto del aumento. Asobancaria calificó la medida como desbordada y advirtió que podría presionar al alza la inflación, limitar la formalización laboral y fomentar condiciones más restrictivas de financiamiento. La entidad financiera estima que el impacto inflacionario podría ubicarse entre 165 y 263 puntos básicos, lo que afectaría las decisiones del Banco de la República sobre la tasa de política monetaria.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) criticó que la decisión se tomó fuera de los canales institucionales previstos y sin concertación en la Comisión de Concertación, organismo encargado de buscar equilibrio entre protección del ingreso familiar, inflación, sostenibilidad fiscal y generación de empleo formal. Según el gremio, cada incremento del 1% en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público.

Las cifras del DANE revelan que alrededor de 11,4 millones de personas (49% de los ocupados) reciben ingresos inferiores al salario mínimo, principalmente en condiciones de informalidad, mientras que solo 2,4 millones de trabajadores perciben exactamente un salario mínimo. En el último año, el número de personas que ganan menos de un salario mínimo creció en 1,2 millones, reflejando un deterioro en la calidad del empleo formal.

Por su parte, el gobierno defiende la medida como el inicio de la era del salario vital para Colombia. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que por 34 años en Colombia no se aplicó el concepto de salario vital tal como quedó consagrado en la Constitución. Petro argumentó que el incremento real del 18,7% fomenta el consumo interno y reduce la pobreza, destacando que Colombia registra la tasa de desempleo más baja del siglo.

El salario base quedó establecido en $1.750.905 y el subsidio de transporte en $249.095, representando un aumento superior al 23% respecto a 2025 y duplicando la cifra de 2022. La medida beneficiará directamente a 2,4 millones de empleados, bajo el concepto de salario mínimo vital de la OIT, diseñado para cubrir alimentación, vivienda y salud.

El debate continúa mientras el país se prepara para implementar esta política salarial en 2026, con posturas claramente divididas sobre sus efectos en la economía colombiana, la generación de empleo y el bienestar de los trabajadores.