Bonos escolares, Nueva EPS suspendida y la Fiscalía,el Gobierno Petro en el ojo del huracán

El miércoles 6 de mayo fue un día de múltiples frentes para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Tres noticias de alto impacto sacudieron simultáneamente el escenario político y judicial del país: el debate por los bonos escolares encendió la polémica sobre la coherencia del mandatario con la educación pública; el Consejo de Estado frenó en seco un decreto clave de la reforma a la salud; y el propio Petro salió a denunciar una ofensiva judicial de la Fiscalía que, según él, ya alcanza a su familia más cercana. Un solo día, tres golpes.

El debate educativo: ¿coherencia o doble moral?

La controversia se intensificó cuando Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, respondió con un cuestionamiento directo que apuntó a la coherencia del mandatario: "Señor Petro, si los colegios públicos son tan buenos, ¿por qué ninguno de sus hijos estudió en un colegio público?"

La pregunta surgió luego de que Petro rechazara públicamente el proyecto de bono escolar impulsado por la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. La propuesta busca otorgar a familias en condición de vulnerabilidad la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos, con financiación estatal que cubra matrículas en instituciones públicas o privadas.

El presidente calificó la iniciativa como una privatización de la educación pública y defendió los resultados de su Gobierno en cobertura universitaria. Argumentó que al abrir programas de fortalecimiento de la universidad pública lograron abrir cupos nuevos a 400.000 estudiantes de primer año, con recursos que en forma de becas a universidades privadas no habrían beneficiado ni al 10% de los jóvenes alcanzados.

Briceño fue más lejos y planteó una segunda pregunta que profundizó la controversia: "¿Por qué quitarle la oportunidad a un niño de estrato 1 y 2 de estudiar en los mejores colegios del país?" El cruce activó el debate sobre qué modelo educativo sirve mejor a los más vulnerables, y puso sobre la mesa la tensión entre defensa del sistema público y libre elección de los padres.

El Consejo de Estado frena el traslado masivo a la Nueva EPS

En paralelo, llegó un golpe judicial a la política de salud del Gobierno. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en febrero pasado, que pretendía implementar un modelo de aseguramiento en salud con un marcado enfoque territorial y poblacional. La medida cautelar respondió a una demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana Katherine Miranda Peña.

La demandante argumentó que el decreto vulneraba el derecho fundamental a la salud y la libre elección de los usuarios, al establecer reglas que limitarían el número de EPS operativas según el tamaño de los municipios. Según la querella, esto derivaría en la asignación obligatoria de más de seis millones de afiliados a otras entidades, de los cuales cerca de 2,6 millones terminarían en la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

El tribunal fue contundente en su análisis: el despacho judicial advirtió que la entidad presenta un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas. La magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, concluyó que "las medidas no son idóneas ni necesarias para los fines propuestos", ya que impactan gravemente el acceso a la salud en condiciones de oportunidad y continuidad, y se evidencia una regresión injustificada en el nivel de protección del derecho a la salud al reducir las opciones de elección de los ciudadanos.

Con esta decisión, la implementación del nuevo modelo de aseguramiento territorial queda frenada de manera inmediata, en otro revés para la Reforma a la Salud del Gobierno Petro.

Petro contra la Fiscalía: "Exhibe a mi nieto y quiere poner presa a su madre"

Para cerrar el día, el presidente Petro elevó el tono de sus señalamientos contra la Fiscalía General de la Nación. Sostuvo que las autoridades buscan afectar a Laura Ojeda, pareja de su hijo primogénito Nicolás Petro Burgos, y que incluso pretenden exponer a su nieto Luka dentro de un proceso que, según su versión, se extiende más allá de lo judicial.

En su mensaje en X, Petro fue directo: "Ahora la fiscal heredera de Burgos no solo quiere poner preso a mi hijo, exhibe a mi nieto, menor de edad, y quiere poner presa a su madre".

Las declaraciones se enmarcan en las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el caso de corrupción en la Ungrd, donde Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, señaló presuntas presiones de la Fiscalía para declarar contra integrantes del Gobierno. Ortiz figura en el expediente junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, como pieza relevante en la supuesta red de entrega de sobornos a congresistas.

El proceso contra Nicolás Petro, que inició en 2023 por presuntos ingresos irregulares durante la campaña presidencial de 2022, incluyendo hipótesis de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se suma ahora al caso de Laura Ojeda, quien enfrenta otro proceso por presunta violación de datos personales en disputa con Day Vásquez, exesposa del exdiputado.

Tres frentes distintos, un mismo Gobierno acorralado entre el debate educativo, los tropiezos en salud y una batalla judicial que ya toca las puertas de su círculo familiar.