Contraloría alerta que pensiones caerían hasta 30% si se limitan inversiones en el exterior

El organismo de control reveló que el proyecto de decreto que busca repatriar inversiones pensionales podría generar pérdidas millonarias en rentabilidad y afectar gravemente las mesadas de los futuros pensionados

La Contraloría General de la República emitió este jueves un contundente informe que pone en entredicho el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca limitar al 30% las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior. El organismo de control advirtió que esta medida podría reducir hasta en 29,5% las mesadas pensionales de los trabajadores colombianos, afectando directamente el patrimonio de millones de afiliados al sistema.

El proyecto, que modifica el Decreto 2555 de 2010 y que está abierto para comentarios del público hasta el 4 de febrero, propone establecer un nuevo tope del 30% para la inversión global de activos en el exterior, que actualmente representa el 49%. La transición sería progresiva: en los primeros tres años el límite sería del 35%, y en un período de cinco años llegaría al 30% definitivo.

El ahorro pensional es sagrado

"El ahorro de los pensionados en Colombia es, ni más ni menos, que plata sagrada, pues el fin es cubrir las pensiones futuras, motivo por el cual, desde todo punto de vista, el camino que se debe seguir con esos recursos es promover su rentabilidad, pero de manera segura y sostenible", enfatizó la Contraloría en su informe.

El ente de control subrayó que "las decisiones sobre dónde se invierten los recursos de los ahorros pensionales tienen efectos directos sobre el patrimonio de los afiliados, la estabilidad del sistema pensional y, en última instancia, sobre las finanzas públicas".

Una repatriación significativa con riesgos

La Contraloría señaló que "esa repatriación significativa de inversiones desde el exterior hacia Colombia implica una serie de riesgos que es fundamental analizar con detenimiento". Según la proyección de Asofondos, el gremio de fondos privados, se estima que el valor de los fondos de pensiones obligatorias crecerá en los próximos cinco años a una tasa promedio anual del 14,16%, en línea con su comportamiento histórico entre 2007 y 2025.

Con base en estos cálculos, la Contraloría determinó que el monto total administrado aumentaría desde los 526,6 billones de pesos a diciembre de 2025, hasta 783,4 billones de pesos en 2028. Para 2030, el monto llegaría a 1.021,1 billones de pesos.

Si para 2028 las inversiones que se podrán tener en el exterior son del 35%, implicaría que 274,2 billones de pesos se invertirían afuera. En 2030, cuando solo se podrá invertir el 30% en el exterior, se tendrían 306,3 billones de pesos en portafolios externos. Esto significa que para 2030 la repatriación de capital desde el exterior alcanzaría 177,8 billones de pesos, que serían destinados a inversiones locales.

Históricamente, la plata afuera rinde más

El aspecto más crítico del informe de la Contraloría es el análisis comparativo de rentabilidad. El organismo de control se basó en datos históricos desde que se implementó el esquema de multifondos para demostrar que las inversiones en el país han presentado rendimientos significativamente más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales.

"El fondo moderado —que combina activos locales y externos— ha obtenido una rentabilidad promedio anual del 8,5%, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría registrado alrededor de 3,8% en el mismo periodo", argumentó la Contraloría en el informe.

Si bien la entidad aclaró que "no es posible atribuir una rentabilidad puntual a la inversión en el exterior (debido a la variación histórica de la composición del portafolio)", sí confirmó que la diversificación internacional ha sido un factor clave para alcanzar una mayor rentabilidad.

El cálculo devastador para los trabajadores

El cálculo realizado por la Contraloría es demoledor: si el límite del 30% para inversiones en el exterior se hubiera establecido desde 2011, la rentabilidad promedio de los fondos habría sido de 6,8% en vez de 8,5%. Para el organismo, "una diferencia de esta magnitud impacta directamente tanto en las devoluciones de saldo como en el valor de las mesadas".

La proyección más preocupante del informe señala que un trabajador cuyo ahorro creciera al 6,8% en lugar de 8,5% recibiría 29,5% menos en su mesada pensional al momento de jubilarse. Es decir, casi un tercio menos de pensión por el simple hecho de limitar las inversiones en el exterior.

Además, la Contraloría estima que se dejarían de percibir 3,2 billones de pesos en rentabilidad sobre los recursos repatriados, una pérdida significativa que afectaría directamente el bolsillo de los futuros pensionados.

Impacto sobre la sostenibilidad del sistema

El informe advierte que la reducción de la rentabilidad compromete la estabilidad del sistema pensional, afectando tanto a los afiliados como a las finanzas públicas. "Una política que obligue o induzca a repatriar inversiones subordina el interés del afiliado a otros objetivos, debilitando el principio fiduciario que es la base de la confianza en el sistema", precisó el organismo.

La Contraloría explica que Colpensiones opera bajo un esquema de reparto, por lo que la menor rentabilidad de los fondos privados impacta directamente en los recursos que deben transferirse al sistema público. Se proyecta que el costo fiscal para Colpensiones aumentará en más de 4,3 billones de pesos, considerando solo a los pensionados de salario mínimo.

"Si los recursos pensionales rentan menos, el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado, implicando un mayor riesgo de déficit fiscal", concluyó la Contraloría sobre este punto crítico.

Riesgos de concentración en proyectos locales

El análisis también resalta que concentrar grandes volúmenes de ahorro pensional en inversiones locales puede generar riesgos adicionales que van más allá de la simple rentabilidad:

• Mayor exposición a choques económicos o políticos nacionales, dejando los ahorros de los trabajadores vulnerables ante crisis locales.
• Posible ineficiencia administrativa y captura política en proyectos de infraestructura regional o municipal, donde los recursos podrían no gestionarse con la misma eficiencia que en mercados internacionales regulados.
• Menor diversificación y rentabilidad ajustada por riesgo, afectando directamente los ahorros de los trabajadores y limitando las opciones de inversión.

"Restringir las inversiones en el exterior limita la capacidad de los fondos de cumplir su deber fiduciario, al impedirles moverse hacia la opción más atractiva en cada momento, independientemente de si está en Colombia o fuera de ella", señaló enfáticamente la Contraloría.

La posición del Gobierno

Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que la repatriación de capital podría fortalecer la economía local y financiar proyectos estratégicos de infraestructura, como autopistas, aeropuertos y sistemas ferroviarios. Según su análisis, la medida impulsaría el PIB, dinamizaría el mercado interno y facilitaría la colocación de deuda pública.

"La implementación del Decreto contribuiría, en el mediano y largo plazo, al fortalecimiento de la economía nacional mediante mayores inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo local", explicó el Ministerio de Hacienda al presentar el proyecto.

El Gobierno argumenta que al mantener estos recursos en el país, se generarían empleos, se desarrollaría infraestructura crítica y se fortalecería el mercado de capitales local. Sin embargo, estas proyecciones contrastan fuertemente con las advertencias de la Contraloría sobre el impacto negativo en las pensiones individuales.

El principio fiduciario en juego

La Contraloría subraya un principio fundamental: el ahorro pensional es propiedad de los trabajadores y el Estado tiene el deber de garantizar pensiones suficientes, seguras y sostenibles. Subordinar la inversión de estos recursos a necesidades fiscales o de política económica podría incrementar el déficit fiscal, afectar la sostenibilidad del sistema y debilitar la confianza de los afiliados.

"Una política que obligue o induzca a repatriar inversiones subordina el interés del afiliado a otros objetivos, debilitando el principio fiduciario que es la base de la confianza en el sistema", reiteró el organismo de control, dejando claro que el interés de los trabajadores debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

El debate continúa

El informe de la Contraloría General es un nuevo y contundente insumo en el intenso debate que se ha generado alrededor del proyecto de decreto pensional. El asunto es tan importante que no cesa la preocupación ciudadana por una medida que, aunque busca objetivos macroeconómicos, podría tener consecuencias devastadoras para millones de trabajadores que cotizan actualmente al sistema.

Los ciudadanos tienen hasta el 4 de febrero para presentar sus comentarios y observaciones al proyecto de decreto. Mientras tanto, el futuro de esta iniciativa sigue siendo un enigma, con posiciones claramente enfrentadas entre quienes priorizan el desarrollo de infraestructura local y quienes defienden la rentabilidad y seguridad de los ahorros pensionales.

Lo que está claro, según la Contraloría, es que reducir la capacidad de inversión en el exterior de los fondos de pensiones tendría un costo real y medible para los trabajadores colombianos: hasta un 30% menos en sus mesadas pensionales, una reducción que podría marcar la diferencia entre una vejez digna y una precaria para millones de ciudadanos.

El debate está abierto y las cifras están sobre la mesa. Ahora corresponde a las autoridades y a la ciudadanía determinar si el costo de esta medida sobre las pensiones futuras justifica los supuestos beneficios para la economía nacional.