Gobierno decreta impuesto temporal al patrimonio empresarial para atender la emergencia invernal

El Gobierno nacional expidió un decreto en el marco de la emergencia económica y social declarada por la crisis invernal, con el cual se establece un impuesto temporal al patrimonio empresarial para financiar la atención de los daños causados por las lluvias. La medida busca obtener recursos inmediatos para asistir a las comunidades afectadas, reconstruir infraestructura y apoyar la recuperación productiva en las regiones impactadas por inundaciones, deslizamientos y pérdidas agrícolas.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo, el impuesto aplicará a empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.400 millones). La tarifa general será del 0,5 %, mientras que los sectores financiero y minero-energético tendrán una tarifa diferencial del 1,6 %, dado su mayor capacidad contributiva. El tributo se calculará sobre el patrimonio neto —activos menos pasivos— y deberá pagarse en dos cuotas durante los meses de abril y mayo de 2026.

El Gobierno estima que los daños ocasionados por la emergencia climática superan los $8 billones y sostiene que el recaudo permitirá atender con rapidez a miles de familias damnificadas, reparar vías y puentes, recuperar sistemas de acueducto y apoyar la reactivación económica local. La declaratoria de emergencia habilita al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias con el fin de enfrentar la situación.

Desde distintos sectores se han expresado posturas frente a la decisión. Representantes gremiales han señalado preocupaciones sobre el impacto que un tributo adicional podría tener en la inversión y la confianza empresarial, especialmente en un contexto de desaceleración económica. Otros actores consideran que, al tratarse de una medida temporal y focalizada, puede contribuir a responder de manera oportuna a una contingencia climática de gran magnitud.

Expertos en política fiscal señalan que el uso de impuestos extraordinarios en estados de emergencia ha sido una herramienta utilizada en el país para atender situaciones excepcionales. No obstante, advierten que su implementación debe garantizar transparencia en el manejo de los recursos y claridad sobre su duración para mantener la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes.

La crisis invernal ha afectado múltiples departamentos, provocando evacuaciones, pérdidas en el sector agrícola y daños en infraestructura básica. Las autoridades continúan evaluando el impacto y coordinando acciones con gobiernos locales y organismos de gestión del riesgo para atender la emergencia y reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos climáticos.