Crisis por el predial, bloqueos en nueve departamentos y Petro amenaza con cárcel a alcaldes

La actualización catastral del IGAC disparó avalúos hasta en un 1.100 % en zonas rurales. El Gobierno dice que los municipios son los responsables del cobro; las comunidades dicen que nadie les avisa y que el impuesto es impagable.

Colombia lleva semanas paralizada en varios de sus corredores viales más importantes. Las protestas por el incremento en los avalúos catastrales y su impacto en el impuesto predial marcaron la agenda nacional esta semana, con movilizaciones en al menos nueve departamentos. El origen es una actualización técnica que llevaba décadas pendiente, pero que llegó de golpe a miles de propietarios rurales sin que nadie les explicara las consecuencias.

¿Qué pasó con los avalúos?

De acuerdo con las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), antes de la implementación del Artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, el país tenía una desactualización del valor catastral equivalente a casi 15 años de rezago. A través de la Resolución 2057 de 2025, el IGAC buscó modernizar los valores de los predios en Colombia para 527 predios ubicados en zonas rurales. La vigencia de los nuevos avalúos fue aplicada desde el 1 de enero de 2026.

El director del IGAC, Gustavo Marulanda, reconoció que existen municipios donde no se había actualizado el avalúo catastral por más de 30 años, lo que provocó una brecha considerable entre el valor fiscal de los predios y su valor comercial. "Teníamos predios con una relación del 4 al 3% entre el avalúo catastral y el comercial", señaló.

El resultado: según los manifestantes, los bloqueos responden a aumentos en los avalúos catastrales que podrían superar el 1.100 por ciento en algunos casos. Entre los casos expuestos, mencionan predios que pasaron de valer 173 millones a 1.090 millones de pesos, y otros que subieron de 156 millones a 5.200 millones.

El caos en las carreteras

Los bloqueos viales en varias regiones del país, especialmente en Santander y Cundinamarca, desataron una crisis de movilidad con impacto directo en aeropuertos, vías clave y municipios que quedaron incomunicados. La vía hacia el aeropuerto Palonegro de Lebrija fue la más afectada en Santander, lo que impactó la operación aérea: desde el aeropuerto reportaron retrasos y baja ocupación en varios vuelos, debido a que muchos pasajeros perdieron sus itinerarios. En medio de los bloqueos, una mujer dio a luz de manera prematura en una ambulancia que intentaba llegar a un centro de salud en Girón.

En el Valle del Cauca, la directora ejecutiva de Procaña señaló que "cuando el impuesto predial se vuelve impagable, como resultado de la reducción del rezago de los avalúos catastrales, deja de ser un tributo y amenaza la producción de alimentos".

Lo que dice la ley: topes que muchos municipios estarían ignorando

El problema no es solo el alza del avalúo. Según la legislación colombiana, los aumentos del impuesto predial están limitados: para predios menores de 100 hectáreas, el incremento no puede superar el 50% respecto al año anterior, y para los de mayor extensión, el techo es del 100%. El director del IGAC enfatizó que "el techo de crecimiento del impuesto predial no puede ser superior al 50% respecto de lo pagado el año anterior para el 98% de los predios".

El Departamento Nacional de Planeación fue más directo aún: si un ciudadano considera que el cobro recibido es excesivo, puede y debe exigir una revisión formal del cálculo ante la alcaldía correspondiente. "Si usted recibió un cobro que supera ese límite, ese cobro es ilegal y debe ser corregido".

Petro amenaza con cárcel a alcaldes

El presidente Gustavo Petro elevó el tono en la noche del lunes 13 de abril. En pleno consejo de ministros, el mandatario habló de "llevar presos" a los alcaldes y gobernadores que no cumplan su orden de reducir el tributo. "Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor", aseveró Petro.

El mandatario también señaló al gobernador de Santander directamente: "El gobernador de Santander queda advertido, su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander".

¿Quién manda a quién?

En el fondo, el debate revela una confusión de responsabilidades que le ha costado caro a los ciudadanos. El director del IGAC aclaró que la responsabilidad del cálculo y cobro del impuesto predial corresponde a cada municipio, mientras que el IGAC define los avalúos. "El municipio determina la tarifa, los descuentos y liquida el impuesto". Para el Gobierno nacional, la solución está en manos de los alcaldes. Para los alcaldes, el problema viene del IGAC. Y mientras tanto, miles de propietarios rurales siguen sin saber exactamente a quién reclamar.