Fiscalía investiga a Nelson Velásquez por cantar en una fiesta de capos en la cárcel de Itagüí

Lo que empezó como un escándalo carcelario se convirtió en un caso judicial que salpica a uno de los cantantes de vallenato más populares del país. La Fiscalía abrió una indagación contra el cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación por la rumba realizada el 8 de abril en uno de los pabellones de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que los recursos utilizados para pagar el show podrían provenir de actividades ilícitas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que investigue al artista.

La celebración habría tenido como propósito conmemorar el cumpleaños de Paulo Andrés Torres Flórez, alias 'Pocho', jefe de la banda 'La Agonía', así como la posible salida de prisión de Sebastián Murillo, alias Lindolfo. En el evento estaban presentes reconocidos jefes criminales como alias Douglas, 'Vallejo', 'Tom' y 'Carlos Pesebre', algunos de ellos vinculados a los procesos de diálogo en el marco de la política de "paz total".

La investigación se desarrolla en dos frentes simultáneos. Por un lado, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad de los funcionarios del Inpec que habrían facilitado el ingreso de los artistas, abriendo también una investigación por prevaricato por omisión contra ellos. Por otro, indaga el origen de los recursos que financiaron el evento. Imágenes conocidas públicamente evidencian cómo el cantante ingresó al penal junto a su equipo para ofrecer el concierto, en medio de una fiesta en la que también hubo consumo de licor, incluyendo whisky, aguardiente, tequila y vino, elementos prohibidos dentro de estos establecimientos.

El mánager del artista, Álex Eduardo Díaz, intentó explicar lo sucedido: "No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel." Sobre el pago, aclaró que el intermediario ya les había pagado para otros eventos y que no era ningún preso. Desde el círculo cercano a Nelson Velásquez precisaron que el cantante "se presenta donde es contratado" y que no tiene relación directa con los cabecillas.

Las consecuencias institucionales del escándalo fueron inmediatas. El Inpec expidió la Resolución 2627, mediante la cual separó temporalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones. El Gobierno Nacional ordenó el traslado de varios de los capos involucrados a cárceles en Bogotá, y la mesa de diálogo sociojurídico con estructuras criminales del Valle de Aburrá quedó suspendida hasta que se esclarezcan los hechos. Las inspecciones posteriores también revelaron el nivel de privilegios con que operaban esos pabellones: entre lo decomisado había 62 neveras, siete televisores, aires acondicionados, una PlayStation 5 y 1.500 gramos de sustancias psicoactivas.