Siete meses de silencio, el abogado de Petro sabía que Arizabaleta presuntamente pedía un acuerdo corrupto y no denunció

Lo que comenzó como una denuncia penal contra la excongresista Gloria Arizabaleta terminó destapando uno de los episodios más perturbadores del final del Gobierno Petro: durante siete meses, la representante encargada de investigar al presidente en la Comisión de Acusaciones sostuvo reuniones privadas, almuerzos secretos y chats directos con Alejandro Carranza, el abogado defensor del mandatario, le entregó un documento reservado del proceso que adelantaba en su contra, y le planteó en múltiples ocasiones que actuara como enlace para cerrar las investigaciones a cambio de favores políticos y económicos. Todo permaneció en silencio hasta que Arizabaleta firmó el auto con el que intentó suspender a Petro de su cargo. Solo entonces el Gobierno denunció lo que, según reconocen sus propios funcionarios, llevaba meses ocurriendo.

El posible entramado quedó detallado en el documento con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico. Dentro del expediente quedaron las declaraciones entregadas por el abogado del presidente, Alejandro Carranza; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nhora Mondragón. Esas declaraciones reconstruyen una cadena de encuentros reservados, conversaciones privadas y presuntas solicitudes irregulares ocurridas entre octubre de 2025 y junio de 2026, mientras la congresista tenía bajo su responsabilidad la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022.

De acuerdo con esos testimonios, el primer acercamiento ocurrió entre octubre y noviembre de 2025. Carranza y Arizabaleta acordaron almorzar en un restaurante de Chapinero, en Bogotá, que contaba con salones privados. Según declaró el abogado, fue allí donde la representante le planteó que actuara como enlace con el Gobierno Nacional y facilitara un acercamiento político. Ante la Corte, Carranza aseguró que la congresista le habló de realizar "gestión política" alrededor de los procesos que cursaban contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones, y que el propósito era cerrarlos antes de que cambiara el Gobierno. A pesar de la gravedad de esa afirmación, el abogado no acudió a las autoridades, no dejó constancia pública de lo sucedido ni rompió cualquier canal de comunicación con quien tenía la misión constitucional de investigar a su cliente.

La relación continuó. El 27 de enero de 2026 ambos volvieron a encontrarse, esta vez en la residencia de Arizabaleta, ubicada en un condominio sobre la vía Bogotá-La Calera. Fue un desayuno que se prolongó durante más de tres horas. Ante la Corte Suprema, Carranza sostuvo que la representante insistió en que él debía servir como puente para acercarla al Gobierno Nacional. Nuevamente, escuchó una propuesta que consideró irregular, pero tampoco la denunció.

Mientras esos encuentros se desarrollaban, la congresista también sostenía reuniones con altos funcionarios del Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del DAPRE, Nhora Mondragón, reconocieron ante la Corte que compartieron espacios privados con Arizabaleta, incluso dentro de la Casa de Nariño. Ambos afirmaron que durante esas conversaciones la representante solicitó el nombramiento de una alta funcionaria en la Fiduprevisora. Pese a considerar improcedentes esas peticiones, ninguno de los dos presentó una denuncia en ese momento. "La representante pretendía millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones", dijo el ministro ante la Corte.

La investigación también revela que durante esos meses existió un canal de comunicación directo entre Arizabaleta y Carranza mediante mensajes de chat. Según el material, la representante llegó a remitirle un documento interno de la Comisión de Acusaciones relacionado con el proceso que ella misma adelantaba contra el presidente Petro, información que terminó en poder del abogado de quien estaba siendo investigado.

El último encuentro entre ambos ocurrió el 8 de junio de 2026. Carranza y Arizabaleta almorzaron durante poco más de una hora en un restaurante Buffalo Wings, ubicado en el occidente de Bogotá. Dos días después, la representante sorprendió al país al expedir un auto mediante el cual ordenó suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo.

En su declaración ante la Corte, Carranza reprodujo uno de los momentos más reveladores de esas conversaciones: "Ella hizo cuentas de que hay un representante que está en la cárcel; me habló de los del Centro Democrático. «Ellos, pues, por ser Centro Democrático, van a votar en contra. Entonces ahí somos cuatro o cinco. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen». Inclusive me dijo que, dado el caso, ella podía retirar su salvamento de voto. Yo le dije todo el tiempo: «Esto me parece que no es conveniente, doctora; esto es irregular, debería pensarlo bien». Y ella me dijo: «No, eso está en manos de ustedes; ya es un tema de ustedes; tienen que negociar»".

En la tarde y la noche del 9 de junio, Carranza y el ministro Germán Ávila se reunieron con el presidente Petro para ponerlo al tanto de lo que, aseguran, había ocurrido durante los siete meses anteriores. Ambos le relataron las reuniones sostenidas con la congresista y le manifestaron que, según su percepción, Arizabaleta pretendía obtener millonarias sumas de dinero y alcanzar un acuerdo corrupto a cambio de decisiones favorables dentro de la Comisión de Acusaciones. De acuerdo con esos testimonios, la reacción del mandatario fue inmediata: "Ella es una extorsionista". Solo después de esa reunión el Gobierno decidió presentar la denuncia penal contra la representante, siete meses después de los primeros encuentros y de las presuntas solicitudes que ya habían sido formuladas desde finales de 2025.

La pregunta que queda suspendida en el expediente es la misma que plantea la Corte Suprema: por qué el abogado del mandatario y dos de los más altos funcionarios del Gobierno, quienes aseguran haber conocido esas presuntas irregularidades desde meses atrás, guardaron silencio y solo acudieron a las autoridades cuando la relación con la investigadora se rompió tras su decisión de intentar suspender al jefe de Estado. La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro judicial de Arizabaleta, sino también el grado de responsabilidad de quienes conocieron el presunto entramado y eligieron callarlo.