Reforma tributaria de Petro pondría más impuestos a conciertos, licor y yates

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este martes en el Congreso de la República su quinto y último proyecto de reforma tributaria, con el que busca recaudar $21,9 billones el próximo año. La iniciativa retoma buena parte de las medidas que ya habían sido incluidas en la ley de financiamiento presentada en diciembre del año pasado, entre ellas el aumento del IVA para los vehículos híbridos de 5 % a 19 %, la creación de un impuesto al consumo del 19 % para las entradas a conciertos y eventos deportivos que superen los $500.000, el mantenimiento del IVA de 19 % para los juegos de suerte y azar en línea, y ajustes en los gravámenes para los sectores financiero y minero-energético. 

El director de la Dian, Carlos Betancourt, resumió el espíritu de la propuesta al señalar que habría un aumento de la tasa de 16 % a 19 % para bienes de lujo como yates y autos de alta gama, además de la apuesta por gravar las entradas a conciertos de más de $500.000.

Entre los puntos más llamativos del articulado está el aumento de la tarifa máxima del impuesto nacional al consumo de 16 % a 19 % para bienes considerados de lujo —incluyendo vehículos de alto valor, motos de alto cilindraje, yates, barcos y aeronaves—, con lo que el Gobierno espera recaudar cerca de $107.000 millones adicionales en 2027. A esto se suma la propuesta de unificar en 19 % el IVA de las bebidas alcohólicas, que hoy pagan apenas el 5 %, medida que el Ejecutivo justificó como una forma de reflejar los costos sociales del consumo de alcohol y mejorar los indicadores de salud pública. 

El proyecto también amplía el impuesto al consumo a todos los productos de tabaco, sus derivados y sucedáneos, incluidos vapeadores y cigarrillos electrónicos, y crea un gravamen específico de $2.000 por mililitro para los líquidos de vapeo, además de mantener el impuesto ad valorem del 10 % para los productos sólidos. En el plano de la renta, la reforma elimina el beneficio para dependientes creado por la Ley 2277 de 2022 —que permitía deducir 72 UVT por cada uno, hasta un máximo de cuatro—, aunque conserva el beneficio equivalente al 10 % de los ingresos laborales brutos.

 También reduce el umbral para pagar el impuesto al patrimonio, de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que ampliaría la base de contribuyentes sujetos a este gravamen a 105.332 personas, equivalentes al 1,7 % del total de declarantes de renta.

El articulado incluye además un incremento del impuesto al carbono, que pasaría de $29.070,49 a $42.609 por tonelada de CO2 equivalente, con una gradualidad especial para el carbón hasta alcanzar la tarifa plena en 2030; la eliminación de la exención de IVA para las importaciones de bajo costo o "minimis", con la que se buscan cerca de $1,1 billones adicionales en 2027; y un aumento en la sobretasa de renta para las instituciones financieras, que pasaría de 5 a 15 puntos porcentuales sobre la tarifa general y se convertiría en permanente, generando cerca de $1,3 billones adicionales el próximo año.

También se plantea crear de forma permanente un impuesto especial del 1 % a la extracción de petróleo crudo y carbón, aplicable tanto a la exportación como a la primera venta en el mercado interno, y eliminar el descuento tributario sobre los dividendos, medida con la que la Dian espera recaudar $984.000 millones adicionales para 2028. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la necesidad de la reforma al señalar que el desbalance fiscal generado por decisiones previas del Congreso le impidió a la Nación generar ingresos tributarios por cerca de $61 billones.

Sin embargo, antes de iniciar su trámite, el proyecto ya enfrenta su primer obstáculo político: la conformación de las Comisiones Económicas del Congreso, encargadas del primer debate sobre impuestos y asuntos presupuestales, sigue sin definirse, lo que mantiene en vilo el arranque formal de la discusión. Son las Comisiones Terceras de Senado y Cámara —que manejan Hacienda y Crédito Público— y las Comisiones Cuartas —encargadas de presupuesto y gasto público— las que deberán dar el primer debate a la iniciativa, y de su integración depende en buena medida si el proyecto avanza o queda frenado desde el inicio. 

El antecedente no es menor: la última reforma tributaria del Gobierno Petro, que buscaba recaudar $16,3 billones, se hundió en la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, un revés que dejó sin financiación plena las cuentas públicas de 2026 y que elevó la importancia política de esta nueva disputa por los asientos desde los que se decidirá el futuro del quinto intento tributario del actual Gobierno, que deberá surtir cuatro debates en el Congreso para convertirse en ley.