Caso Kevin Acosta, Fiscalía imputará por presunto homicidio culposo al exinterventor de la Nueva EPS y a tres funcionarios más

La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de agosto a una audiencia de imputación de cargos por presunto homicidio culposo a cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, dentro de la investigación por la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció presuntamente por falta de acceso oportuno a sus medicamentos. 

Los citados son Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La audiencia también abarcará la presunta filtración de la historia clínica del menor, que se convirtió en otro de los ejes centrales de la investigación. 

El caso Kevin Acosta tiene múltiples frentes. La Fiscalía estudia si la posición de garante recaía efectivamente sobre el expresidente Petro y busca determinar si las acciones u omisiones de las autoridades bajo su mando influyeron en el desenlace fatal del caso. El proceso implica revisar si la intervención de la Nueva EPS, ordenada por el Gobierno, se ejecutó con el rigor necesario para proteger la vida y salud de los pacientes, en particular la de Kevin. 

"El presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante", afirmó Manuel Villanueva, abogado de las víctimas, tras analizar los hallazgos de distintas autoridades de investigación. La Fiscalía también evalúa una posible investigación contra Petro por presunta violación de datos personales, relacionada con la divulgación pública de la historia clínica del menor. 

Sobre la manipulación documental, el abogado de la familia señaló que "la Fiscalía está demostrando que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor". Los investigadores buscan verificar si el diagnóstico registrado corresponde a lo que realmente ocurrió o si hubo un intento de ocultar que la causa de muerte fue la falta de medicamentos. La Procuraduría había concluido que la escasez de fármacos aceleró el sangrado que acabó con la vida de Kevin, dato que se ha convertido en el eje central de la reconstrucción de los hechos. 

La compulsa de copias contra Petro será enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá establecer si existen méritos para abrir una investigación formal contra el expresidente. Paralelamente, una organización solicitó a la Corte Suprema de Justicia que asuma la indagación por presuntas violaciones de topes electorales en la campaña presidencial de Petro. 

Las penas que podría enfrentar cada imputado son elevadas. El delito de homicidio culposo en menores de edad contempla penas de hasta 14 años de prisión, mientras que la violación de datos personales está sancionada con entre cuatro y ocho años de cárcel. La gravedad de los hechos y la condición de víctima menor de edad agravan el marco punitivo. 

De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, el deber fundamental de un presidente es salvaguardar la vida y la salud de la población: "Designar un agente interventor en una entidad como la Nueva EPS debe hacerse con todo el cuidado porque se trata de salvaguardar la salud de la mayoría de los colombianos". 

La madre de Kevin responsabiliza al sistema de salud colombiano por la muerte de su hijo debido a la demora en la entrega del medicamento Emicizumab, tratamiento esencial para pacientes con hemofilia. El caso ha generado una oleada de indignación en el país y se ha convertido en uno de los emblemas más dolorosos de la crisis del sistema de salud colombiano durante el gobierno Petro.