Tribunal Superior de Montería revocó tutela y anuló sanción contra el rector de Unicórdoba: "Hubiese arriesgado mi libertad por proteger a mi comunidad"

El rector Jairo Torres Oviedo enfrentó una orden de arresto de cinco días y una multa de cinco salarios mínimos tras un incidente de desacato por no revelar datos personales y patrimoniales de sus funcionarios. El Tribunal le dio la razón y anuló todas las sanciones.

El Tribunal Superior de Montería emitió dos fallos contundentes a favor de la Universidad de Córdoba este 29 de julio: revocó el fallo de tutela de primera instancia dictado en contra de la institución y, como consecuencia directa, dejó sin efecto la sanción derivada del incidente de desacato que había sido interpuesto contra el rector Jairo Torres Oviedo. La decisión pone fin a un proceso constitucional que llegó a poner en riesgo la libertad del máximo directivo de Unicórdoba.

El origen: un derecho de petición sobre información laboral

Un ciudadano solicitó datos sensibles del personal docente y administrativo de la universidad, incluyendo salarios individuales, prestaciones, bonificaciones, cesantías y tipo de vinculación contractual.

La Universidad respondió dentro de los términos legales, entregando la información pública disponible: los decretos de escalas salariales y la base de datos institucional correspondiente. Sin embargo, se abstuvo de revelar los ingresos individuales de sus funcionarios, argumentando que se trata de datos personales y patrimoniales protegidos por la ley, cuya divulgación podría poner en riesgo la seguridad y la privacidad del personal.

La tutela y el fallo de primera instancia

El ciudadano consideró que la respuesta no fue de fondo e instauró una acción de tutela. El juez de primera instancia falló en su favor y ordenó a la universidad entregar toda la información en 48 horas.

La institución explicó durante el proceso constitucional que sí había respondido de fondo al suministrar la información pública exigida por la ley y reiteró que los datos individuales de carácter personal y patrimonial no podían ser divulgados. Esa postura no fue acogida en primera instancia, lo que abrió la puerta al siguiente escalón del conflicto jurídico.

El incidente de desacato: cinco días de arresto para el rector

Al considerar que la universidad persistía en el incumplimiento, el peticionario promovió un incidente de desacato. El juez respondió con una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos contra el rector Torres Oviedo.

La medida representó uno de los momentos más críticos del proceso: el máximo directivo de Unicórdoba quedó formalmente expuesto a perder su libertad por una decisión institucional tomada, precisamente, para proteger los derechos de sus propios funcionarios. Fue en ese punto cuando la Oficina Jurídica de la Universidad interpuso los recursos correspondientes ante el Tribunal Superior de Montería.

El Tribunal le dio la razón a Unicórdoba

En dos fallos contundentes, el Tribunal Superior revocó la tutela de primera instancia y anuló completamente la sanción impuesta al rector, ratificando que la actuación de la universidad estuvo ajustada a derecho.

La decisión judicial sienta un precedente importante en materia de protección de información sensible en el ámbito universitario: las entidades públicas no están obligadas a revelar datos personales y patrimoniales individuales de sus funcionarios cuando ello vulnere sus derechos fundamentales, aun cuando medie un derecho de petición.

La voz del rector: "Hubiese arriesgado mi libertad"

Torres Oviedo celebró los fallos y reafirmó que la postura institucional siempre estuvo enmarcada en la legalidad, pero dejó claro que estaba dispuesto a asumir las consecuencias personales de defender a su comunidad.

El rector fue enfático al aclarar que nunca estuvo efectivamente arrestado, pero señaló que hubiese estado dispuesto a arriesgar su propia libertad con tal de defender los derechos de los funcionarios y miembros de la comunidad universitaria. Por su parte, el asesor jurídico Eduardo Flórez Aristizábal subrayó que estas decisiones sientan un precedente relevante para la comunidad universitaria y para la ciudadanía en general en materia de protección de información sensible y reservada.