Petro pide demandar al magistrado que frenó los 25 billones de Colpensiones; el Consejo de Estado le responde con un comunicado histórico

La confrontación entre el Gobierno Petro y la rama judicial alcanzó este 12 de mayo su momento más álgido. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza después de que el Consejo de Estado suspendiera totalmente el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que ordenaba el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La respuesta presidencial no fue jurídica ni técnica: fue un ataque directo al magistrado ponente.

"Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente", escribió Petro en su cuenta de X. El señalado fue el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del alto tribunal.

Petro fue más allá en su arremetida: "El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano." También nombró directamente a los grupos financieros dueños de los fondos privados, acusando al tribunal de actuar en favor de sus intereses.

El Consejo de Estado no guardó silencio. En un comunicado a la opinión pública fechado este 12 de mayo, el alto tribunal respondió con firmeza, pero sin descender al mismo tono. El texto señaló que "el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes." El comunicado advirtió que la desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales "deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho" y se traducen en "señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar." Cerró con una frase contundente: "A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos."

Los argumentos jurídicos del Consejo de Estado son técnicos y precisos. El tribunal frenó el Decreto 415 porque el Gobierno trasladó recursos pensionales a Colpensiones sin que existiera el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que la reforma pensional creó para administrar ese dinero. El Ejecutivo modificó por decreto el destino que la propia ley les daba a los recursos. Además, el propio Gobierno había reconocido previamente, mediante el Decreto 1225 de 2024, que dichos recursos debían permanecer en las AFP hasta la consolidación del derecho pensional, lo que hace aún más difícil sostener que el Decreto 415 era legal.

El procurador general Gregorio Eljach se sumó al respaldo institucional a la rama judicial. El Ministerio Público exigió "respeto incondicional por la independencia de los poderes" y recordó que toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales sin perjuicio de los recursos legales disponibles.

Petro también incurrió en imprecisiones jurídicas que varios analistas señalaron: llamó "sentencia" a un auto —que es una decisión de trámite tomada por un ponente, no un fallo de fondo— y pidió "demandar" por un delito, cuando la figura jurídica correcta es "denunciar". Acusar a un magistrado de prevaricato exige demostrar que la decisión no solo fue polémica sino que contradicó la ley de manera consciente y sin justificación jurídica válida, un umbral muy difícil de alcanzar.

Con los 25 billones congelados provisionalmente en las cuentas de las AFP, y el debate de fondo sobre la legalidad del decreto aún por resolver, la crisis entre el Ejecutivo y las altas cortes se convierte en uno de los episodios institucionales más graves del gobierno Petro a semanas de su final.