Hijo del ponente del caso Uribe trabaja en la Procuraduría: víctimas recusan al magistrado

Las víctimas del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentaron una recusación contra el magistrado Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ponente del recurso de casación en el caso. El motivo: uno de los hijos del magistrado Solórzano fue nombrado por la exprocuradora Margarita Cabello en la delegada de Intervención 5, el mismo despacho de Bladimir Cuadros, ungido como procurador del caso Uribe.

El recurso, firmado por los abogados Reinaldo Villalba Vargas y Miguel Ángel del Río, representantes de las víctimas reconocidas en el expediente, expone que Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado, fue nombrado mediante Decreto 0672 del 8 de mayo de 2024 como asesor grado 24 en la Procuraduría delegada de Intervención 5, Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal. Este es precisamente el despacho del procurador Bladimir Cuadros Crespo, quien durante el juicio actuó solicitando la absolución del expresidente.

El 12 de agosto de 2025, el Dr. Bladimir Cuadros Crespo, actuando como Procurador de Intervención 5, Tercero delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, radicó la sustentación del recurso de apelación; documento en el cual solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revocara la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se absolviera al procesado Álvaro Uribe Vélez por los delitos acusados.

Los representantes de las víctimas argumentan que existe un conflicto de interés que podría comprometer la imparcialidad del magistrado. "En aras de mantener la expectativa social de imparcialidad que debe profesarse sobre los funcionarios judiciales, resulta pertinente que el Honorable Magistrado sea apartado del conocimiento del caso, toda vez que existe una vinculación externa a lo simplemente procesal entre el Ministerio Público y el Despacho. Esta relación cuenta con la posibilidad de oscurecer el criterio del servidor y, con ello, afectar la legitimidad de su actuación", señala el documento de recusación.

El caso llegó a la Corte Suprema tras la absolución en segunda instancia del expresidente por parte del Tribunal Superior de Bogotá en octubre de 2025. La Fiscalía y las víctimas interpusieron recursos de casación que fueron asignados por reparto al magistrado Solórzano el 19 de enero de 2026, apenas dos días antes de ser elegido presidente de la Sala Penal.

La controversia ha generado reacciones divididas. Un grupo de 38 juristas manifestó que la divulgación del vínculo familiar constituye una presión indebida sobre la administración de justicia. Sin embargo, otros expertos sostienen que es información de interés público que los ciudadanos tienen derecho a conocer.

El magistrado Solórzano deberá resolver primero su propia recusación antes de pronunciarse sobre la admisión de los recursos de casación, decisión que marcará el futuro del proceso judicial más emblemático de los últimos años en Colombia.