Dron cargado de explosivos mató a tres miembros de una familia en zona rural de Segovia

Una familia fue devastada este miércoles 26 de febrero de 2026 cuando un dron cargado con una granada de mortero cayó sobre su vivienda en la vereda La Jagua, ubicada a cinco horas del casco urbano de Segovia, municipio del nordeste antioqueño. El ataque, ocurrido aproximadamente a las 5:00 de la tarde de este día, dejó tres personas muertas y una más con heridas graves, poniendo nuevamente en evidencia la escalada del uso de aeronaves no tripuladas como arma de guerra por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. Un cuarto integrante de la familia, un hombre de 50 años también hijo de María Cecilia, resultó gravemente herido. Fue trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Segovia y posteriormente remitido a un centro asistencial en Medellín, donde permanece en estado crítico al cierre de esta edición.

La organización campesina Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste) fue una de las primeras en verificar y denunciar los hechos en terreno. Según su comunicado, "un artefacto explosivo fue lanzado desde un dron y, desafortunadamente, impactó contra una vivienda habitada por población civil, ocasionando el asesinato de tres miembros de una misma familia".

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, confirmó el hecho y explicó que la familia era completamente ajena al conflicto armado. "Es una familia que nada tiene que ver con el conflicto, la cual sencillamente fue atacada con un dron. Desde este dispositivo sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda", señaló el funcionario. Las autoridades investigan si el ataque fue dirigido deliberadamente contra este grupo familiar o si se trató de un error de los propios criminales que manipulaban la aeronave, ya que la sujeción de explosivos en drones no ofrece garantías de precisión y el artefacto pudo haberse desprendido de manera accidental durante una confrontación entre grupos rivales.

El hecho se produjo en el marco de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que disputan el control territorial del nordeste antioqueño. Esta región, históricamente marcada por la minería aurífera y la presencia de actores armados, ha visto cómo en los últimos meses los ataques con drones se han convertido en una táctica recurrente. 

El secretario Martínez Guzmán recordó que el 29 de noviembre de 2025 un dron ya había atacado una vivienda en la vereda Cruz Bajitales de Remedios, generando el desplazamiento de 20 personas, y que desde mediados de ese año los sobrevuelos intimidatorios y los lanzamientos de explosivos desde aeronaves no tripuladas se han vuelto frecuentes tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil.

La masacre de hoy desató una reacción política inmediata. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó de manera directa al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que señaló de privilegiar negociaciones con grupos criminales por encima de la protección efectiva de los ciudadanos. En sus redes sociales, Rendón expresó: "¿A quién le cabe en la cabeza considerar que este gobierno ha logrado transformaciones para Colombia? Lo poco que habíamos alcanzado lo hemos perdido con sangre y dolor".

Rendón también criticó los diálogos que el gobierno adelanta con distintos grupos armados, incluidos acercamientos con emisarios del Clan del Golfo en Catar y negociaciones con alias "Calarcá" de las disidencias de las FARC. Para el gobernador, la política de "paz total" ha tenido como resultado práctico "concesiones para los criminales y entierros para los civiles". El mandatario departamental fue enfático al exigir una respuesta contundente: "Antioquia exige ofensiva militar sin titubeos, respaldo pleno a la Fuerza Pública y cero contemplaciones con los criminales", y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y a los habitantes del nordeste antioqueño.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno nacional no había emitido un pronunciamiento público sobre el ataque. Las autoridades reforzaron la presencia militar en la zona y las investigaciones continúan para establecer la responsabilidad directa del hecho. La comunidad de Segovia y del nordeste antioqueño permanece en alerta ante la continuidad de la violencia y la amenaza que representa el uso bélico de drones en un conflicto que, en los últimos meses, ha profundizado su impacto sobre la población civil.