Corte Suprema no logra acuerdo y aplaza decisión sobre si manda a la cárcel a congresistas del caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se encuentra en uno de los momentos más tensos del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Después de tres sesiones extraordinarias de deliberación, los magistrados no han podido ponerse de acuerdo sobre el futuro judicial de seis aforados: los representantes a la Cámara Wadith Manzur y Liliana Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Manrique (curules de paz) y el exrepresentante Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).

El nudo del debate es la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación y propone acusar formalmente a los seis políticos y enviarlos a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Según la ponencia, la Corte cuenta con documentos, grabaciones y testimonios que apuntarían a la responsabilidad de estos congresistas en el esquema de corrupción: habrían aprobado créditos de la Nación ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de cupos indicativos por alrededor de $92.000 millones, distribuidos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar. Los supuestos ofrecimientos habrían llegado por órdenes de los entonces ministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ambos actualmente detenidos.

Sin embargo, la votación al interior de la Sala quedó empatada tres a tres. Las versiones que circulan dentro del alto tribunal indican que una facción de magistrados acepta el llamamiento a juicio pero no comparte la detención intramural, argumentando que los procesados no representan un peligro para la sociedad ni para el proceso. Además, la magistrada Cristina Lombana ha planteado reparos sobre el procedimiento y considera que el expediente podría estar viciado. También ha generado malestar la filtración anticipada del sentido de la ponencia antes de la votación formal.

Ante el empate, la Sala tomó la decisión de convocar a dos conjueces para que participen en la nueva sesión del miércoles 11 de marzo y ayuden a desempatar la posición del tribunal. El calendario no es casual: la reunión fue fijada deliberadamente para después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, dado que dos de los investigados, Wadith Manzur y Karen Manrique, están actualmente en campaña buscando reelección al Congreso. Una acusación formal antes de los comicios habría impactado directamente sus aspiraciones políticas.

En otro frente del mismo escándalo, los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes) reaparecieron públicamente. Ambos permanecen recluidos en la cárcel La Picota desde abril de 2025 y se conectaron de manera virtual a la primera audiencia preparatoria de su juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. En esa diligencia, el magistrado Jorge Emilio Caldas rechazó la petición de la defensa de Calle de anular el proceso, dejando en firme el llamado a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado.

El juicio contra Name y Calle apunta a determinar si recibieron $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente para favorecer iniciativas del gobierno Petro en el Congreso. Para establecerlo, la Sala ordenó nuevas pruebas y citó como testigos clave a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones; al prófugo Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE; a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien deberá explicar la compra de carrotanques para La Guajira en 2023 y los supuestos sobrecostos usados para financiar los pagos; y a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, cuyo testimonio no había sido completamente recogido porque negociaba beneficios procesales con la Fiscalía. Se espera que Pinilla revele detalles sobre la presunta operación en criptomonedas usada para movilizar el dinero entregado a Calle en Montería.

El caso UNGRD se consolida como el mayor escándalo de corrupción reciente en Colombia, con implicaciones que tocan al gobierno Petro, al Congreso y a la cúpula institucional del país. La decisión de la Corte el próximo 11 de marzo definirá si varios de sus protagonistas enfrentan la justicia entre rejas o desde la comodidad de su libertad.