La Procuraduría culpó a la Nueva EPS por la muerte de Kevin, el niño de 7 años con hemofilia al que le negaron su medicamento

El caso de Kevin Arley Acosta Pico pasó de ser una tragedia familiar a convertirse en una denuncia institucional de primer orden. El 17 de marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación emitió un informe demoledor en el que establece, con evidencia documental, cómo la Nueva EPS dejó morir a un niño de 7 años por no garantizar el suministro de un medicamento que él necesitaba para sobrevivir. El documento, firmado por la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, fue trasladado al operador disciplinario y también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe eventuales responsabilidades penales.

Los hechos son precisos y devastadores. Kevin Arley Acosta Pico padecía hemofilia tipo A severa con inhibidores de alta respuesta, una condición que requería la aplicación del medicamento emicizumab cada 28 días sin interrupción. Según el informe de la Procuraduría, la última dosis que recibió fue el 14 de diciembre de 2025, suministrada por la IPS Medicarte. Esa institución terminó su contrato con la Nueva EPS el 31 de diciembre de 2025 por falta de pago: la cartera vencida de la EPS con Medicarte ascendía a $53.187.374.417, sin que existiera ningún acuerdo de pago a la fecha de la comunicación.

A partir del 1 de enero de 2026, Kevin quedó sin prestador activo responsable de su tratamiento. La Nueva EPS intentó trasladar la atención a la IPS Integral Solutions, pero este traslado nunca se formalizó. La nueva IPS atendió al menor por telemedicina el 27 de enero de 2026, pero no pudo garantizar el tratamiento porque la EPS tampoco le cumplía los compromisos financieros: la deuda con Integral Solutions superaba los $8.383.407.306 con más de 150 días en mora. La IPS reportó a la Procuraduría que la Nueva EPS incumplió en seis oportunidades los acuerdos para la adquisición de medicamentos, lo que hizo "imposible" continuar atendiendo a los pacientes.

El resultado de ese vacío fue fatal. El 6 de febrero de 2026, Kevin tuvo un accidente en bicicleta en Palestina, Huila. Sin el medicamento que controlaba su coagulación desde diciembre, sufrió un sangrado intracraneal profuso. El Hospital Departamental San Antonio de Pitalito lo valoró como un paciente de "alto riesgo de muerte", con trauma craneoencefálico moderado "asociado a su condición de hemofilia tipo A severa sin tratamiento desde dic/25". Fue trasladado vía aérea al Hospital La Misericordia en Bogotá, donde ingresó a UCI en condición irreversible. Murió el 13 de febrero de 2026.

La Procuraduría concluyó que la interrupción del tratamiento fue injustificada y directamente vinculada a la responsabilidad de la Nueva EPS, que incumplió los principios de continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio. El informe también señaló fallas administrativas graves: la EPS no remitió historias clínicas ni documentación médica al momento del traslado al nuevo prestador, lo que dejó a Kevin sin atención efectiva durante casi dos meses, justo el tiempo entre la última dosis y su accidente.

Wilson Ruiz, abogado de la familia, declaró que "la muerte de Kevin no es otra cosa que una omisión por parte de la Nueva EPS y, por supuesto, del presidente de la República y del ministro de Salud". El jurista anunció denuncias penales contra los presuntos responsables y demandas administrativas para exigir reparación integral, advirtiendo además que alrededor de 2.000 pacientes, primero adscritos a Medicarte y luego a Integral, enfrentan un "alto riesgo" porque no tienen atención médica asegurada.

El informe de la Procuraduría no solo habla de Kevin. Señala que la Nueva EPS, con 11,7 millones de afiliados —el 57% en régimen subsidiado—, representa un riesgo sistémico incalculable para el derecho fundamental a la salud en Colombia. La crisis de esta entidad no es un problema de un solo paciente: es la radiografía de un sistema que está fallando a los más vulnerables.