Crisis del sistema de salud colombiano: alerta de exministros para 2026

Autoridades sanitarias y gremios advierten sobre grave deterioro financiero y aumento de víctimas

Un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud emitió una alerta crítica sobre el estado del sistema de salud colombiano, advirtiendo que 2026 será un año crítico marcado por mayor desfinanciación, deterioro del servicio y un incremento en las víctimas mortales debido a barreras de acceso.

El sistema de salud colombiano comenzó 2026 en una situación estructural crítica, según el documento presentado por los exfuncionarios. Las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han generado mayor incertidumbre, barreras de acceso elevadas y un aumento del sufrimiento entre pacientes y usuarios del sistema.

Los expertos señalan que el 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y el nuevo año comienza con medidas que profundizan la crisis. Las advertencias técnicas, institucionales y humanas formuladas durante todo el año anterior fueron ignoradas sistemáticamente.

El Ministerio de Salud estableció para 2026 un incremento del 12,94% en los recursos globales del sistema. Específicamente, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el monto mensual que el Estado entrega a las EPS para cubrir servicios médicos— aumentó 9,03% para el régimen contributivo y 16,49% para el subsidiado.

Sin embargo, los exministros consideran que estos ajustes son insuficientes frente a la magnitud de los desafíos financieros. La UPC es el mecanismo que define el alcance y la calidad de los servicios médicos que pueden recibir los ciudadanos, y su correcta determinación resulta fundamental para la viabilidad del sistema.

Uno de los factores que agrava la situación es el incremento del salario mínimo a $2.000.000 para 2026. Aunque esta medida beneficia el poder adquisitivo de aproximadamente el 10% de la fuerza laboral, genera una presión financiera significativa sobre el sistema de salud.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que el aumento salarial incrementará el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos y generará un costo adicional de aproximadamente $4,5 billones para el sector salud. Esta cifra representa cerca del 40% de los recursos previstos para el incremento de la UPC, lo que reduce drásticamente el margen disponible para mejorar la atención.

Las alertas no provienen únicamente de los exfuncionarios. Múltiples instituciones del Estado han manifestado su preocupación:

Corte Constitucional: A través de diversos autos emitidos en 2024 y 2025, ha reiterado que existe un problema estructural de desfinanciación relacionado directamente con el cálculo y ajustes de la UPC. La Corte señaló el uso de información incompleta, la falta de aplicación de metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales.

Procuraduría General de la Nación: Advirtió sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública.

Defensoría del Pueblo: Informó sobre el deterioro en el acceso a los servicios, un aumento sostenido de quejas y tutelas, y la creciente angustia de pacientes y familias.

Contraloría General de la República: Confirmó que las ocho intervenciones administrativas recientes a las EPS no han corregido las causas estructurales de la crisis. Por el contrario, concentraron la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos.

Néstor Álvarez, presidente de la asociación Pacientes de Alto Costo, describió 2026 como el año más crítico en cuanto a violación de derechos fundamentales de la salud en Colombia en los últimos 30 o 40 años.

"Es un año electoral con una confrontación dentro de la negligencia del Gobierno actual de permanecer con EPS intervenidas, deteriorando cada día más el derecho a la salud", afirmó Álvarez. El vocero calificó al gobierno Petro como "victimario principal" y advirtió que habrá un mayor número de víctimas.

Según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, durante 2025 murieron 2.033 pacientes con estas patologías debido a problemas relacionados con la crisis del sistema de salud.

Los exministros y líderes de pacientes coinciden en que el próximo presidente enfrentará una situación crítica. Álvarez propone establecer una "mesa de crisis" similar a las creadas para el sistema bancario o el proceso de paz, donde todos los actores del sistema aporten sacrificios: utilidades, cartera, mejor uso de recursos y disminución de la corrupción.

"El gran reto es decir la verdad de lo que pasó en el sistema de salud", señaló Álvarez, quien considera fundamental dejar registrado en la historia el alto grado de violación del derecho a la salud en Colombia.

Los exfuncionarios resaltaron que el gobierno cerró 2025 sin corregir los rezagos históricos en el cálculo de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional. Este desacato institucional no solo prolonga la crisis, sino que agrava los retos para la atención efectiva en salud de millones de colombianos.

El documento concluye con un llamado urgente a abordar los problemas estructurales mediante respuestas técnicas y estructurales, advirtiendo que la indiferencia del Estado ante esta crisis humanitaria tendrá consecuencias graves para la población más vulnerable.