La Uniautónoma se hunde $200 mil millones en deudas, docentes sin pagar y una elección rectoral que huele a trampa

La Universidad Autónoma del Caribe atraviesa la crisis más profunda de su historia. El inestable estado administrativo y financiero de la institución no ha sido superado a pesar de la medida de intervención adoptada por el Ministerio de Educación Nacional en marzo de 2024, y la situación se agrava cada mes que pasa. Lo que debía ser una recuperación se ha convertido en un declive sostenido que ya amenaza la supervivencia misma de la institución barranquillera.

El cuadro financiero es alarmante. Javier Manjarrés, representante de los egresados en el Consejo Superior, advirtió que las deudas de la universidad aumentaron en más de $30 mil millones en los últimos dos años y ya superan los $200 mil millones. Además, la población estudiantil ha disminuido entre mil y mil quinientos estudiantes. Para Manjarrés, la gestión de este periodo ha sido un fracaso: no hubo hoja de ruta clara para enfrentar el déficit, no se han implementado políticas que frenen el deterioro, y el Consejo Superior ha aprobado casi todo lo que la administración ha pedido sin que ello haya producido resultados visibles. Su diagnóstico es contundente: la universidad no aguanta un año más con sus puertas abiertas si esto continúa así.

El deterioro no es solo una cifra en un balance. Es también una realidad cotidiana que viven docentes, trabajadores y estudiantes. Un catedrático que pidió reserva de identidad reveló que la universidad le adeuda el salario del mes de noviembre del semestre pasado, más su liquidación, y que ya van dos meses del nuevo semestre sin que haya movimientos de pago para los docentes por horas. Más grave aún: según rumores que circulan en grupos de WhatsApp internos, la institución solo le pagará al 50 % de los catedráticos, y la otra mitad deberá esperar los desembolsos del Icetex. La precariedad también se refleja en la infraestructura: las instalaciones están altamente deterioradas, con pocos aires acondicionados funcionando, laboratorios de física sin implementos, y baños de mujeres sin papel higiénico ni jabón. Un vigilante, según denunció el mismo catedrático, no pudo acceder a atención médica oportuna por falta de pago en seguridad social.

A la crisis económica se suma una tormenta institucional. El Consejo Superior designó como rector para el periodo 2026-2030 a Jorge Senior, quien recibió el respaldo de seis de los nueve miembros de esa instancia. El problema: Senior era el mismo rector encargado que, por decisión del Ministerio, llevaba dos años al frente de la institución en el marco del proceso de vigilancia especial. Manjarrés denunció que la elección está "viciada" porque fue el propio rector encargado quien organizó y convocó el proceso en el que él mismo participó como candidato y resultó elegido. Además, señaló que durante la sesión se declararon inhabilidades para otros aspirantes como Ariel Padilla y Tito Crissien, mientras que la eventual inhabilidad del rector encargado no fue evaluada con el mismo rigor. Manjarrés anunció que explorará con sus abogados una demanda de nulidad dentro de los 30 días reglamentarios.

El sindicato de trabajadores SintraUAC también alzó la voz. La organización advirtió que lo que debía ser una medida excepcional y transitoria se ha convertido en un mecanismo de consolidación de poder, y denunció que el Consejo Superior fue reconfigurado mediante un proceso de cooptación que implicó la salida de consejeros anteriores y su reemplazo por personas cercanas al rector. El sindicato solicitó formalmente al Ministerio de Educación que evalúe las circunstancias que rodearon la elección y tome medidas para proteger la autonomía universitaria.

Frente a todas estas señales de alarma, el rector Senior ofrece una lectura más mesurada. Reconoce que los problemas financieros son estructurales y vienen de años atrás, y que la deuda total supera los $160 mil millones —cifra que, paradójicamente, contradice los $200 mil millones que señalan otros miembros del mismo Consejo Superior—. Explicó que bajo su administración se detectó que no todos los recursos se manejaban a través de la fiduciaria como lo exige la Ley 1740 de 2014, irregularidad que fue denunciada ante las autoridades y corregida, y que además se realizaron abonos al plan de pagos por casi mil millones de pesos en dos años. En cuanto a los estados financieros, precisó que aún no han sido aprobados y que ese trámite se hará en la próxima reunión del Consejo Superior, antes de Semana Santa, cuando habrá cifras objetivas a corte de 31 de diciembre.

Senior también anunció que la universidad avanza en una propuesta para cambiar su naturaleza jurídica y convertirse en institución pública, iniciativa ya radicada en el Congreso como Proyecto de Ley 338 de 2025, que busca que el Estado asuma la universidad, implemente gratuidad en los programas de pregrado y realice una inversión especial que fortalezca su funcionamiento académico. Una apuesta de largo plazo que, de lograrse, podría ser la única salida real a una crisis que ya consume al alma mater del Caribe colombiano.