23 años de cárcel para el senador Ciro Ramírez por desviar 90.000 millones en contratos públicos

La Corte Suprema de Justicia asestó este martes 25 de marzo uno de los fallos más contundentes de los últimos años contra la corrupción en el Congreso colombiano. El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, tras encontrarlo culpable de haber desviado cerca de 90.000 millones de pesos para la contratación de obras públicas en cinco departamentos, en el caso conocido como "Marionetas".

La decisión de 438 páginas, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, fue emitida por la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. La Sala lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, con penas principales de 279 meses y ocho días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días, y multa de 22.340 millones de pesos. A esto se sumó que la Sala le negó la posibilidad de la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, lo que significa que deberá cumplir su condena en establecimiento carcelario.

El fallo describe con detalle el andamiaje criminal que lideró el senador. El alto tribunal encontró que el congresista del Centro Democrático lideró una organización criminal conformada por funcionarios públicos, contratistas y particulares, los cuales lograron estructurar y direccionar convenios para beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política. La finalidad, según establece la sentencia, era consolidar el proyecto político de Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima a través del pago de coimas por más de 1.000 millones de pesos.

La génesis de la investigación fue un contrato de noviembre de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por más de 48.660 millones de pesos, que evidenció una cascada de contratos repartidos con esa empresa a cambio de un porcentaje para el senador. Fueron claves para la condena los testimonios de Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta, y Alejandro Noreña Castro, exasesor y supuesto enlace entre la empresa y el congresista, quienes habían llegado a acuerdos con la justicia a cambio de beneficios en sus penas.

La Corte fue especialmente dura en su valoración ética del caso. La sentencia señala que con sus acciones, Ramírez "se apartó de manera ostensible de los fines constitucionales de la contratación pública, orientada a satisfacer necesidades colectivas, realizar obras para beneficio general y garantizar eficiencia y transparencia. Por el contrario, dicho interés estuvo dirigido a finalidades estrictamente personales y políticas, ajenas al bien común".

En cuanto al futuro de su curul, el panorama es complejo. La decisión del 25 de marzo no impactaría de inmediato su escaño, dado que es un fallo de primera instancia susceptible de apelación. Según la defensa del senador, el abogado Pedro Nel Escorcia, el congresista terminará su período ya que estarán a la espera de la apelación. A esto se suma que faltan solo tres meses para que termine el actual período legislativo y se renueve el Congreso. Durante el tiempo que estuvo detenido y suspendido, su curul no fue ocupada por nadie, pues se aplicó la figura de la silla vacía, dado que el proceso estaba vinculado a prácticas contra la moralidad pública.