Fiscalía cita a indagatoria a Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, a horas de la segunda vuelta

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, hechos ocurridos en la década de los años 90. El proceso se adelanta bajo la Ley 600 y contempla un llamado a indagatoria cuya fecha aún no ha sido definida.

La decisión judicial también abarca referencias a los casos de José María Valle —defensor de derechos humanos asesinado en 1998— y Guacharacas. La investigación quedó en manos de la fiscal Marcela Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien liderará las actuaciones dentro del expediente.

Las masacres que Colombia no ha podido olvidar

Las masacres de El Aro y La Granja ocurrieron con pocos meses de diferencia en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en la segunda mitad del siglo XX. La Granja fue la primera: en junio de 1997, grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a la vereda, asesinaron a once personas y amenazaron a decenas más hasta desplazarlas. El Aro llegó en octubre del mismo año con una brutalidad aún mayor: durante varios días, paramilitares asesinaron a quince personas, arrasaron con viviendas y bienes, y se llevaron a un grupo de hombres que más adelante aparecerían muertos.

En ambos casos, el hilo conductor que distintas investigaciones judiciales y testimonios han seguido durante casi tres décadas apunta a la misma pregunta: ¿qué papel tuvo el Estado en esos hechos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió en 2006 con una condena al Estado colombiano, determinando que miembros de la fuerza pública no solo omitieron proteger a las víctimas sino que en algunos casos colaboraron activamente con los victimarios. La CIDH también ordenó al Estado investigar y sancionar a los responsables, incluyendo a quienes desde posiciones de mando podían haber dado instrucciones o tolerado las operaciones paramilitares.

Álvaro Uribe era entonces gobernador de Antioquia, y fue precisamente durante su mandato departamental (1995-1997) que las masacres tuvieron lugar. Durante décadas, distintos sectores —organizaciones de derechos humanos, víctimas, periodistas de investigación y fiscales— han señalado que existirían vínculos entre decisiones tomadas desde la gobernación y la expansión paramilitar en el norte de Antioquia en ese período. Uribe lo ha negado sistemáticamente, y hasta este 18 de junio ningún proceso judicial colombiano había llegado a la etapa de indagatoria con él como investigado por estos hechos específicos.

El nombre de Jesús María Valle

El expediente también incluye el caso de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, quien antes de ser asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina de Medellín había denunciado públicamente y por escrito que grupos paramilitares estaban operando en complicidad con el Estado en el norte de Antioquia, incluidos los hechos de Ituango. Su muerte fue considerada por muchos como un crimen destinado a silenciar sus denuncias, y su nombre se convirtió en uno de los más citados en la memoria de la violencia paramilitar en Colombia.

La Corte Interamericana también se pronunció sobre el caso de Valle Jaramillo en una sentencia de 2008, condenando al Estado colombiano y ordenando investigaciones que durante años avanzaron de manera fragmentada. La inclusión de su caso en el mismo expediente que las masacres de El Aro y La Granja refuerza la tesis de que la Fiscalía estaría construyendo un relato sobre un patrón de violencia paramilitar con posibles conexiones con actores institucionales en la Antioquia de los años 90.

La reacción de Uribe

La reacción del expresidente fue inmediata y cargada de indignación política. Uribe reaccionó públicamente a través de su cuenta de X y aseguró que fue notificado por sus abogados sobre el llamado a indagatoria, y cuestionó que la medida se conozca a pocas horas de una nueva jornada electoral en el país: "De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", escribió el exmandatario.

La palabra "suplicio" revela el tono con el que Uribe leyó la notificación: no como un proceso judicial ordinario sino como una persecución política sincronizada con el calendario electoral. Sus aliados en redes sociales y en el Congreso reaccionaron en el mismo sentido, señalando que la apertura de la investigación el día antes de la segunda vuelta no podía ser casual y calificándola de maniobra para afectar la imagen del bloque político cercano al exmandatario, que respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella.

El peso político de una decisión judicial

El momento de la apertura de la investigación tiene una carga política inevitable y será leído de maneras diametralmente opuestas según la orilla. Para los seguidores de Uribe y de De la Espriella, el timing de la decisión judicial es la prueba de una maniobra del Gobierno saliente de Petro para golpear al bloque opositor en la recta final. Para quienes han reclamado justicia por las masacres y por el asesinato de Valle Jaramillo durante casi treinta años, la apertura de la investigación —con independencia del momento político— representa un avance que no debería haberse demorado tanto.

Lo que es innegable es el impacto institucional de la decisión. Álvaro Uribe no es un expresidente cualquiera: es el político más influyente del campo uribista, el articulador de gran parte del voto de derecha y centro-derecha que en la primera vuelta respaldó a De la Espriella, y una figura cuya imagen moral está en el centro de la disputa política colombiana desde hace dos décadas. Una indagatoria formal por masacres paramilitares —aunque sea apenas el inicio de un proceso que puede extenderse años— le pone a ese bloque político una carga simbólica de enorme peso en el peor momento posible.

Con la segunda vuelta a 72 horas, el nombre de Álvaro Uribe vuelve a ocupar el centro del debate nacional, esta vez desde los estrados judiciales, en una jornada que Colombia recordará como una de las más cargadas de su historia política reciente.