Recién reelegidos y directo a la cárcel, Manzur y Manrique pagan el precio del escándalo UNGRD

 Recién reelegidos y directo a la cárcel: Manzur y Manrique pagan el precio del escándalo UNGRD

El escándalo de la UNGRD acaba de dar su golpe más contundente. La Corte Suprema de Justicia ordenó el 11 de marzo de 2026 la detención en centro carcelario de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, acusados de cohecho impropio en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión cayó apenas tres días después de que ambos fueran reelegidos por los colombianos en las urnas, una paradoja que difícilmente podría ser más elocuente sobre el estado de la política criolla.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá, que también acusó formalmente a otros tres congresistas en ejercicio y a un excongresista, que continuarán vinculados al proceso en libertad. Se trata de Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes siguen en la mira de la justicia pero sin rejas por el momento.

El origen del caso se remonta al manejo irregular de recursos públicos bajo la administración Petro. El caso comenzó a tomar forma pública en febrero de 2024, cuando se hicieron denuncias sobre sobrecostos y falta de operatividad en la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones para suministrar agua en La Guajira. Lo que parecía una irregularidad administrativa resultó ser la punta de un iceberg de proporciones mayores.

La pieza clave que destapó el entramado fue la confesión de un exfuncionario. Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, confesó la existencia de un entramado de coimas con la participación de altos funcionarios y congresistas, que hoy tiene tras las rejas a varios de sus protagonistas. Su testimonio abrió la compuerta de un proceso que hoy tiene a dos congresistas camino a la cárcel.

El hilo conductor del esquema es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el órgano legislativo encargado de avalar grandes préstamos internacionales. Según la investigación, los procesados habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda durante el segundo semestre de 2023, con el objetivo de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para esa cartera. La contraprestación, según la Sala de Instrucción, era concreta: el impulso de contratos y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, y las pruebas recaudadas permitieron documentar los encuentros donde se definieron esos montos.

La investigación sobre Karen Manrique es especialmente detallada en cuanto al seguimiento activo que ella habría ejercido sobre los compromisos pactados. La Sala de Instrucción atribuyó a Manrique un papel activo en la exigencia y supervisión de la ejecución de los proyectos pactados, apoyada por registros en la libreta personal del exdirector de la Ungrd, Olmedo López. Entre las pruebas figura que Manrique entregó a la entonces asesora del ministro de Hacienda los contactos regionales de Saravena, Arauca, para la gestión de obras asociadas a los beneficios pactados, y que entre enero y febrero de 2024 realizó múltiples solicitudes para monitorear el avance contractual.

El expediente también es revelador en cuanto a Manzur. En agosto de 2024, la asesora del Ministerio de Hacienda declaró haber sostenido una reunión con Manzur en un centro comercial de Bogotá, donde el congresista habría intentado minimizar su rol en el esquema. Un movimiento que, evidentemente, no convenció a la Sala de Instrucción.

La ironía del calendario político hace este caso aún más explosivo. El caso de Manrique y Manzur cobra especial notoriedad debido a que recientemente fueron reelegidos como representante a la Cámara por la curul de paz y senador por el Partido Conservador respectivamente, donde este último alcanzó la segunda votación más alta. Miles de electores los ratificaron el domingo en las urnas. El miércoles, la Corte Suprema los envió a la cárcel. Esa distancia entre la voluntad popular y la realidad judicial define hoy el drama político y moral de este caso