La guerra se mueve Catatumbo y sur del Cesar al borde de una nueva crisis humanitaria

El nororiente de Colombia vive una de sus horas más oscuras. La Defensoría del Pueblo emitió este 11 de marzo la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, un llamado de urgencia ante la intensificación del conflicto armado en cuatro municipios: Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, y Río de Oro y González en el sur del Cesar. El diagnóstico es contundente: la guerra entre grupos ilegales escala, las alianzas criminales se reconfiguran y la población civil es la que paga el precio.

La Defensoría identificó tres dinámicas que están transformando el mapa del horror en esta región. La primera es la posible reconfiguración de fuerzas en el Catatumbo. Las alianzas serían entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá y la estructura criminal "Los Pelusos", en medio del recrudecimiento del enfrentamiento con el ELN. Una alianza de ese calibre significaría una concentración de poder criminal sin precedentes recientes en la región.

La segunda dinámica apunta hacia una expansión territorial agresiva desde la costa. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) avanzan hacia el sur del Cesar y hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, con el objetivo de disputar el control de corredores estratégicos de movilidad como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Esta expansión, además, amenaza con desatar una nueva guerra con el ELN en ese territorio.

El tercer frente de alarma es quizás el más inquietante para las comunidades urbanas: la posible urbanización de la violencia. La tercera dinámica está relacionada con la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen.

El arsenal desplegado por los grupos armados en la zona revela la sofisticación de la amenaza. La Defensoría documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza en Ocaña, así como artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.

La gobernanza armada sobre la población civil ya es un hecho cotidiano. Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de normas de conducta. Además, la Defensoría documentó una preocupante estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, a quienes señalan en redes sociales como colaboradoras de bandos contrarios con el fin de restringir su participación política.

Las cifras del pasado reciente advierten lo que puede venir si no hay intervención urgente. Durante 2025, Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. Solo en los primeros meses de ese año, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas —4.851 familias— provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo.

Los grupos más vulnerables están en el centro de la crisis. La Defensoría advierte los riesgos humanitarios en específico para niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado, uso ilícito y violencia sexual. Las mujeres y lideresas son víctimas de persecución, amenazas digitales y violencia basada en género en medio de la disputa territorial. A ello se suman, según Bluradio, comerciantes, ganaderos y transportadores que enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación del conflicto.

Ante el panorama de riesgo inminente, la Defensoría formula en su ATI 006 de 2026 un total de 14 recomendaciones urgentes al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección, ICBF, gobernaciones de Norte de Santander y Cesar, y alcaldías de los cuatro municipios en riesgo. El llamado es claro: intervención inmediata, investigación de homicidios y secuestros, protección de poblaciones vulnerables y atención a desplazados. La pregunta que flota sobre Bogotá es si esta vez alguien responderá a tiempo.