Defensoría activa ruta de acompañamiento ante violencia sexual estructural

La Defensoría del Pueblo ha marcado un hito en la lucha contra la violencia de género en Colombia al anunciar un despliegue sin precedentes de sus capacidades institucionales para acompañar a las víctimas de acoso sexual. Esta iniciativa surge como respuesta directa a una serie de denuncias públicas que han salpicado a prestigiosos medios de comunicación, entidades gubernamentales y empresas privadas, revelando una realidad que, según la propia Defensora del Pueblo, constituye una "violencia estructural". Este término no es menor: implica que el acoso no es un hecho aislado cometido por individuos "descarriados", sino una práctica facilitada por jerarquías de poder y una cultura de silencio que ha imperado en los entornos laborales del país.

El anuncio institucional enfatiza que el objetivo principal es garantizar que "las denuncias no sean en vano". Para lograrlo, la Defensoría ha dispuesto a sus Duplas de Género —equipos interdisciplinarios conformados por abogados y psicólogos especializados— para que actúen como representantes y guías de las víctimas desde el primer momento. La intervención no se limitará a la asesoría jurídica; también incluirá una vigilancia estricta sobre las oficinas de Recursos Humanos y los comités de ética de las empresas implicadas, asegurando que los protocolos internos no se conviertan en mecanismos de revictimización o de encubrimiento para los agresores.

Un punto crítico de este despliegue es el sector de los medios de comunicación. La Defensoría reconoce que las dinámicas del periodismo, a menudo marcadas por la inestabilidad laboral y la dependencia de fuentes de poder, crean un caldo de cultivo peligroso para el acoso. Al intervenir en este sector, el organismo busca romper la barrera del miedo que impide que periodistas y trabajadoras administrativas denuncien, ofreciendo un canal seguro que trascienda la denuncia en redes sociales y se convierta en un proceso judicial sólido con consecuencias reales para los responsables.

Finalmente, la entidad ha hecho un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para que los procesos por delitos sexuales en el ámbito laboral se manejen con celeridad y perspectiva de género. La "violencia estructural" requiere una respuesta estructural: una justicia que entienda que el acoso sexual es una forma de discriminación que vulnera el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y seguras. Con este paso, la Defensoría busca que 2026 sea el año en que el "secreto a voces" del acoso institucional finalmente encuentre una barrera legal infranqueable.